Los Programas de Inspección y Verificación de las autoridades ambientales competentes tienen como objetivo prevenir y controlar la contaminación ambiental, para evitar el deterioro de nuestro entorno y conocer la eficiencia de los procesos productivos y las actividades económicas, los costos asociados al control de los efectos negativos al ambiente, así como lograr que las fuentes de contaminación en el ámbito de su respectiva competencia prevengan y controlen la contaminación, y restauren el medio ambiente y eviten impactos ambientales adversos derivados de la realización de sus actividades económicas, mediante la aplicación estricta de la Ley.

Estas visitas de inspección y verificación tiene la particularidad de evaluar el cumplimiento de la normatividad en materia de emisiones a la atmósfera por fuentes fijas o móviles, contaminación de suelos, manejo de residuos, actividades altamente riesgosas, impacto ambiental y contaminación del agua. En virtud de los efectos nocivos al ambiente o a la salud pública y la gravedad de las irregularidades antes descritas, la autoridad podrá imponer incluso una clausura, considerando el tipo y volumen de los residuos que se manejan en forma inadecuada, de las emisiones a la atmósfera, el grado de riesgo y otros, por lo que es indispensable conocer las alternativas de la empresa ante esta situación.

En los Programas de Inspección y Verificación implementados por las autoridades competentes están contenidas las acciones que se aplican a las industrias que realizan obras y actividades relacionado con el sector hídrico, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, actividades del sector hidrocarburos, industria química, industria siderúrgica, industria papelera, industria azucarera, industria del cemento, industria eléctrica, industria minera, desarrollos inmobiliarios, todas aquellas industrias que generen residuos o manejen materiales peligrosos y a los generadores de residuos peligrosos biológico infecciosos, de ahí la importancia de conocer las atribuciones de la autoridad competente, las posibles sanciones y los medios de defensa con los que cuenta el particular.